Ciudad de México.- Un tribunal de apelaciones de Panamá aceptó ayer los nuevos cargos por los que México solicita al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, con lo que dejó el futuro de su extradición en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.
La dependencia tendrá “un plazo razonable” de 60 días para completar el proceso, de acuerdo con el magistrado Mauricio Marín, que junto a otros dos colegas validó el arresto de Borge en Panamá.
Marín indicó en el segundo día de la audiencia que México fundamentó debidamente la detención de Borge por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de funciones públicas y peculado, que ahora se añaden al pedido original de extradición.
De aceptar la extradición, la Cancillería debe emitir una resolución que podría ser objetada ante la Corte Suprema de Justicia por parte de la defensa, aclaró el titular de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Panamá, José Antonio Candanedo.
Marín negó medidas cautelares que beneficiaran a Borge bajo el argumento de que sus ingresos mensuales y su falta de arraigo en Panamá son prueba de una alta peligrosidad.
La defensa del que fuera gobernador de Quintana Roo entre 2011 y 2016 pidió el pasado martes en la audiencia una medida cautelar distinta a la detención preventiva que mantiene a Borge recluido en la cárcel El Renacer, a orillas del canal de Panamá.
Borge fue detenido la noche del 4 de junio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá. Primero fue requerido por autoridades mexicanas por presunto lavado de dinero, a lo que se añadieron los cargos mencionados anteriormente.
El político fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y es uno numerosos exgobernadores mexicanos envueltos en problemas con la justicia, al lado de casos como el de Javier Duarte, gobernador de Veracruz de 2010 a 2016.
